Un juez de la Corte Superior de Justicia británica ha criticado el sistema de identificación de usuarios a la hora de emitir denuncias por compartir archivos ilegales. El juez Colin Birss ha señalado que la identificación de una dirección IP no supone obligatoriamente que sea un usuario concreto el que ha cometido la infracción.
La Ley de Economía Digital en Reino Unido (otra ‘ley Sinde’) regula los casos ligados a la difusión de contenidos digitales. Esta ley permite a los propietarios de derechos de autor denunciar a usuarios que compartan materiales presentando sus IP como pruebas de identificación.
El juez Birss ha criticado la aplicación de la ley por considerar que las pruebas necesarias para denunciar a un usuario no son concluyentes. «La identificación de una dirección IP que ha participado en una infracción no indica que la persona identificada deba estar implicada» ha asegurado en declaraciones al diario The Guardian.
El juez sustenta sus argumentos explicando que la IP solamente da la información sobre desde que equipo o conexión se ha realizado el intercambio ilegal. El usuario que ha hecho uso de la conexión no aparece identificado por el hecho de conseguir una IP. «¿Qué pasa si el demandado autoriza a otra persona a utilizar su conexión a Internet y el usuario autorizado vulnera los derechos de autor?», ha indicado el juez.
La cuestión de las redes abiertas complica todavía más la situación. El juez Birss ha explicado que la justicia tendría que marcar el nivel de responsabilidad en este tipo de casos antes de tomar medidas contra ningún usuario. «¿El acto de autorizar el uso a una conexión de Internet hace que el que autoriza sea el responsable?», ha continuado el juez.
Las declaraciones del juez Birss están relacionadas con un caso en Reino Unido en el que un despacho de abogados ha emitido cartas a diferentes usuarios amenazándoles con denunciarles por compartir archivos si no pagan una compensación. En este sentido, las palabras del juez parecen dejar claro que la actuación sobre usuarios en función de la identificación por IP presenta serios vacíos legales.
